lunes, 30 de enero de 2012

EL CARACAZO

Como parte del recuento de las causas que dieròn origen al Caracazo, se puede mencionar que ya desde hace unos años atrás se venía presentando problemas desde la perspectiva económica, en lo cual la economía Venezolano fue cayendo a partir del endeudamiento que genero el país después de lo que se conociera como el “Boom” petrolero, esto ocurrido en los años 70. A partir desde ese preciso momento, comenzó  una notable caída progresiva a medida que el Estado Venezolano iba aumentando su recaudación y gastos. Esto causo una devaluación de la moneda en el año de 1983. Es entonces a partir desde esta fecha que las políticas económicas de los gobiernos del ex presidente Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi no fueron capaces de enfrentar la alta inflación, trayendo esto como desconfianza la desconfianza en las inversiones y a su vez notable perdidas de credibilidad en la moneda nacional. Por estas acciones tuvieron que tomar una serie de medidas en la que resalta un control de cambio a través de lo que se conocía como RECADI (en el mando de Luis Herrera Campins) y un control de precios (Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi), lo cual implico muchas medidas que favorecieron a procesos de corrupción administrativa y mercados negros de divisas, dichas acciones incrementaron la desinversión privada, generando una gran escases en aumento.
     Durante su segundo mandato presidencial Carlos Andrés Pérez (CAP) busco dar un cambio cuando impuso la liberación de la economía, esto a través de la aplicación de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mal llamado “paquete Económico”, la cual aparentemente estaba creado para dar o generar cambios sustanciales en la economía del país. en la cual se fueron anunciando medidas que iban siendo aplicada inmediatamente y otras de manera progresivas a corto plazo.
      Dicho paquete comprendía muchas decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y políticos sociales. Cabe mencionar que a pesar de esto, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio dieron origen a un reajuste sumamente feroz como es usualmente afectando a los de menos ingresos.
      Es importante mencionar que entre las principales medidas que fueròn anunciadas resalta:
      Someter a un  programa  bajo supervisión del Fondo Monetario Internaciona con el propósito de obtener aproximadamente más de 5000 millones de dolores en los subsiguientes 3 años.
  •      Liberación de las tasas de intereses activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 40%.
  • Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 productos de la cesta básica.
  • Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
  • Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina. 
  • Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
  • servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.
  • privatización de las empresas no estratégicas en manos del estado [cuyo logro principal fue la venta de la "Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
  • Congelación de cargos en la administración pública Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
  • Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.
Fue en el gobierno del entonces presidente Pérez, cuando se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas económicas, financieras y fiscales. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas fuera rechazado.
No es sino hasta el 26 de Febrero de ese año en el que el Ministerio de Energías y Minas, realizara el anuncio del alza en promedio de un 35% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte Público a nivel Urbano e inter-urbano, también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia llamada como el "Caracazo" que se iniciará a partir de esa fecha y que traería mucho dolor a los hogares Venezolanos.  
Como se comento anteriormente durante el gobierno de “CAP”, se aplicaron unas series de medidas consideradas correctas, cuando realmente esas serian el detonante social y de alza en contra del gobierno para aquel entonces. Es por esto que días previos a lo que se conoce como “el Caracazo”, hubo una serie de inconvenientes entre la oferta y demanda de productos reflejada en los comercios en gran parte del país, donde no era posible conseguir algunos productos de primera necesidad, tales como leche, arroz y harina de maíz, esperando la activación de las nuevas disposiciones con el objetivo de sacarles provecho. El 26 de febrero de ese mismo año se aplicó el incremento en el costo del pasaje. Los transportistas comenzaron a cobrar 80 por ciento más, en vez de 30 por ciento como estaba previsto. La situación generó un gran descontento entre los ciudadanos, especialmente en aquellos que vivían en ciudades dormitorio, como Guarenas, lugar desde el que muchos debían trasladarse para ir a sus trabajos en Caracas, y en el que justo un día después se iniciaron las protestas contra el sector transporte
Ya específicamente para la fecha del 27 de febrero de 1989 la población descontenta comenzó a manifestarse en respuesta espontánea ante la grave crisis económica y política del país en ese entonces. Para ese momento Carlos Andrés Pérez anunció la puesta en marcha del llamado “paquete económico”, el cual contenía una serie de medidas que en gran parte de la población significarían mayor pobreza y miseria para el pueblo venezolano.
A primeras horas de la madrugada del día 28/02/1989, se procedió a realizarse una reunión en el palacio de Miraflores dirigida y encabeza por el presidente de la República con su tren ministerial. Donde se analiza la situación de crisis donde reinaba el caos y la anarquía en Caracas y en otras partes del país. El Presidente recibe la evaluación y los planteamientos por parte del Ministro del Interior para ese entonces. Escucha dos alternativas: agotar la posibilidad de la actuación de la Guardia Nacional (GN) o poner en práctica el Plan Operativo Vigente (POV). El Ministro de la Defensa aboga por la ejecución del Plan "Ávila", que era así como se conocía al “POV”. El mismo sería responsabilidad del Comando Estratégico del Ejército bajo la dirección del Gral. (Ej.) Manuel Heinz Azpúrua, apoyado por el Regional 5 de la GN a las órdenes del Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, la Policía Metropolitana (PM) y los organismos DISIP y Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Mientras que la Policía Técnica Judicial (PTJ) continuaría realizando sus funciones.
CAP. En vista de que se encontraba otras alternativas pidió las opiniones de los asistentes. Finalmente procedió a dar la orden: Ejecutar el Plan "Ávila". La ejecución de dicho plan quedó sujeta a decretar la suspensión de garantías, para lo cual él informó que ya se encontraban rumbo a Miraflores los dirigentes de los partidos políticos para imponerlos de la situación y recabar su concurso para decretar la suspensión de garantías y la ejecución del POV.
Desde la guarnición del Fuerte Tiuna, las unidades militares disponibles fueron movilizadas y caravanas de vehículos comenzaban a salir de Conejo Blanco a tomar posiciones en la ciudad para implementar el Plan antes mencionado una vez que se hubiese decretado la suspensión de garantías. Desde las otras guarniciones militares en el interior del país se movilizan las unidades de refuerzo rumbo a Caracas.
Sin lugar a duda se violaron muchos derechos, principalmente el de la vida artículo 58 de la constitución de 19611 y contemplado en la del año 1999 en el 43, así como, que a su vez se contempla en el Articulo 4 de de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de san José de costa Rica).
Se violo el derecho a la libertad individual, consagrado en el artículo 44 la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que a su vez también se establece en el artículo 7 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de san José de costa Rica).
Derecho a la integridad personal: 46 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
            Entre otros destaca el derecho a la integridad personal, articulo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

      El libre tránsito, a la información justa, el debido proceso, a la alimentación, entre otros de gran interés e inherentes al ser humano.
            Específicamente el día 28 de ese mes se intensifica las acciones y se hace más evidente el desacuerdo del pueblo de las medidas tomadas por el actual gobierno para esa fecha, esto conlleva a que las fuerzas militares y policiales tomaran rápidamente posiciones en las ciudades. A medida que iban legando los refuerzos provenientes de las guarniciones del interior del país, las cuales legaban por aire y tierra.  
            Se hace más progresivo los saqueos a los diferentes locales comerciales, cadenas de supermercados, camiones con comida, artefactos electrodomésticos, etc. Por su parte los dirigentes estudiantiles, prosiguieron con su apoyo y huelga en las distintas calles. Así como los pobladores de las distintas barriadas fueròn aprovechando de la anarquía que reinaba y la desesperación y se sumaban a estas acciones, sin pensar la mayoría de ellos que ese sería el último día que verían la luz del día y que sus hogares estarían de luto.
            Aproximadamente a las 4: 00 pm del día 28/02/1989, el Ministro del interior apareció a través de una cadena de televisión, es durante este tiempo que se anuncia la suspensión de las garantías constitucionales, aparentemente se le pone fin a la anarquía y se restaura el orden.
Se reprimió cruelmente a la población asesinándose a toda aquella persona que se encontraran por el camino a los que se encontraban saqueando y a los que no también, a muchos estudiantes que aun se encontraban manifestando violentamente.
La rabia contenida durante muchos años hizo explosión ante las medidas anunciadas por Carlos Andrés Pérez. Pero ese día fue solo el detonante de una situación contenida. A partir de 1970, los índices de pobreza en el país habían crecido de manera alarmante. La fuerza laboral campesina se redujo al 10% y en sólo tres años, 600 mil personas emigraron a las ciudades. Los trabajadores informales aumentaron de 34,5% en 1980 a 53% en 1999. La clase obrera industrial disminuyó ante la privatización parcial o total de sectores como las telecomunicaciones, los puertos, el petróleo, el acero y las líneas aéreas y se redujo el tamaño de la fuerza laboral en sitios estratégicos. El gigantesco endeudamiento con la banca internacional nos convertía en una sociedad de esclavos. Desastre y miseria. Llegamos a 1989 con Carlos Andrés Pérez iniciando su segunda presidencia. Al pueblo se le anunció que se implementaría un programa de medidas económicas neoliberales, según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. “El Paquete” incluía la privatización de empresas públicas, la eliminación de las subvenciones y protección del Estado a empresas privadas y el fomento de la descentralización.
Se tomo la iniciativa de decretar el Estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Al caer el ocaso del martes 28, comenzó el toque de queda más cruento de la historia de Venezuela. La fosa común de La Peste es en dos vías, testigo y acusador de esta masacre inmensurable. El mensaje fue claro, era orden y advertencia: El 27 y 28 de febrero son sangriento espejo de cómo los gobernantes imponen el neoliberalismo. CAP, impuso medidas empobrecedoras al pueblo venezolano para luego ordenar que se les disparara cuando protestaron. “El Caracazo” no sólo fue una respuesta a las medidas empobrecedoras impuestas por el Fondo Monetario Internacional y acatadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino también la expresión popular que no tenía forma de canalizar su descontento ante la corrupción generalizada y la crisis generada por los gobiernos de la democracia representativa. La represión desatada contra el pueblo no detuvo la aspiración del pueblo de transformar su realidad.
El hecho cierto es que la protesta se extendió a otras zonas de Caracas y que todavía el primero de marzo se producían saqueos en Petare, Catia, 23 de Enero, El Cementerio, San Bernardino, San Martin, Prado de Maria, Lomas de Urdaneta, Lídice y El Guarataro. Las agencias noticiosas transmitían la cifra de más de un millar de muertos mientras las autoridades reconocían apenas doscientos. La Morgue de Bello Monte se declaraba en emergencia. Un cable de la AFP informaba: “Barricadas, marchas y saqueos se produjeron en varias de las principales ciudades de Venezuela al comenzar la aplicación de alzas en las tarifas del transporte público, la más visible consecuencia de un paquete de ajustes acordado con el FMI. El alza oficial del 30% en esas tarifas que siguió a una duplicación en los precios de combustibles y lubricantes, sirvió como detonante para la oleada de las protestas callejeras”
Ha dicho suceso posteriormente Carlos Andrés Pérez  argumento a las decisiones tomadas que lo ocurrido: “Al llegar al gobierno encontré no sólo las arcas vacías y el problema de la escasez de divisas para la importación sino también el desabastecimiento  que había creado la política de control de precios y de control de cambio”. Con el tiempo es posible valorar que varios factores decretaron la conmoción.

GALERÍA DE IMÁGENES DE LA MASACRE DEL CARACAZO



DECLARACIONES DE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
El 27/02/2011, se llevó a cabo un acto en el Cementerio General del Sur, la inhumación de 71 víctimas de “El Caracazo”, al cual asistieron las autoridades del gobierno bolivariano y civiles, para rendir homenaje a los fallecidos del 27 y 28 de febrero, así como los primeros días de marzo de 1989.
También estuvo presente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, el vicepresidente de la república, Elías Jaua Milano, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez y el ministro para la defensa, Carlos Mata Figueroa.
“Nunca se le había hecho un justo homenaje a estas personas. Hace dos años me comprometí con los familiares de las víctimas y con todo el pueblo venezolano, porque, a criterio del Ministerio Público, durante esos días se produjeron graves violaciones a los derechos humanos”, declaró la fiscal Luisa Ortega Díaz, al anunciar que se realizaría el acto este domingo.
La fiscal Ortega explicó que el trabajo de un grupo de expertos permitió individualizar a las víctimas, determinar las características de esas osamentas, si pertenecían a un hombre o a una mujer, estatura, edad promedio y raza.
“Estos hechos en Venezuela no van a volver a ocurrir porque las instituciones tienen un compromiso”, ratificó Ortega.

Durante la inhumación de los restos, de 71 víctimas de “El Caracazo”, el padre Matías Acuña ofreció unas palabras en recordatorio a las víctimas e hizo una oración por su descanso eterno junto a los presentes.


El reportero gráfico Francisco Solórzano, Frasso, ofreció un discurso en el cual resaltó que “el 27 de febrero fue una protesta democrática, además los dirigentes de 1989 no escuchaban al pueblo, enfatizó Frasso en Cementerio del Sur”.
informaciòn extraida y disponible en:


En Memoria a las victimas del Caracazo
 

A JUICIO ÍTALO DEL VALLE ALLIEGRO POR EL CARACAZO

Por su presunta vinculación con los hechos de El Carachazo fue ordenado el pase a juicio del ex ministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro; del ex comandante de la Policía Metropolitana (PM), José Rafael León Orsoni; del ex segundo comandante de la PM, Luis Guillermo Fuentes Serra; y del ex jefe del comando regional Nº 5 de la Guardia Nacional para la época, Fredy Ventura Maya Cardona.
Los fiscales 1° y 4º del Ministerio Público ante las Salas de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y nacional 30° y su auxiliar ratificaron la acusación contra estos cuatro ex funcionarios del gobierno de Carlos Andrés Pérez, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales, válidamente suscritos por la República.
Se informó además que la audiencia preliminar se llevó a cabo en el Tribunal 32°de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), instancia que admitió las pruebas presentadas por los fiscales, razón por lo que se ordenó el enjuiciamiento de los cuatro hombres.

en el mismo oden de ideas es preciso reseñar el siguiente titular que plasmado en el portal digital de "Impacto CNA, Citizan News Agency:
Fecha: Abril 11, de 2011

COSTA RICA ACUERDA EXTRADITAR A HENRY LÓPEZ SISCO A PESAR DE SU CONDICIÓN DE REFUGIADO
      En un hecho que podría calificarse de insólito a la luz de los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, el gobierno de Laura Chinchilla habría aceptado la solicitud de la Cancillería venezolana para extraditar al ex oficial de investigación Henry López Sisco.
     Un tribunal costarricense habría ordenado su detención para luego ser enviado a Venezuela. Algunas de las personas consultadas consideran que el gobierno costarricense habría actuado bajo la presión ejercida por el gobierno de Hugo Chávez a quien teme la administración de Laura Chinchilla. En diferentes oportunidades la Presidenta habría manifestado a sus asesores evitar cualquier confrontación con Hugo Chávez.
      López Sisco es acusado en su país de haber participado en lo que la izquierda venezolana dio en llamar como la Masacre de El Amparo, también conocida como la Masacre de La Colorada, suceso acontecido en Venezuela el 29 de octubre de 1988 en el cual mueren algunas personas en los alrededores de la localidad de El Amparo, del estado Apure.
      Él habría obtenido la condición de Refugiado en Costa Rica pues era evidente que no tendría un juicio imparcial en Venezuela y se había constituido en perseguido de las organizaciones políticas extremistas que respaldan al gobierno de Hugo Chávez.
      Al acordar su extradición el gobierno de Costa Rica podría desconocer el tratado suscrito y los principios consagrados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (ACNUR). Este Convenio, en una de sus disposiciones, consagra que un refugiado no puede ser devuelto a un país donde teme ser perseguido.
      Un refugiado abandona su país por la amenaza de persecución y no puede regresar y gozar de seguridad mientras exista tal amenaza Este tipo de protección de los Derechos Humanos está en línea con el argumento expuesto por la Procuraduría Colombiana aun en el caso extremo del narcotraficante Walli Makled.
      Este precedente podría afectar la condición de muchos venezolanos que se han acogido a la categoría de refugiados y actualmente viven en Costa Rica.
      La cuestión que suscita la decisión tomada es la de que si el gobierno de Costa Rica considera que en Venezuela existe un pleno respeto y garantía a los derechos de las personas porque durante el gobierno de Oscar Arias le dio acogida a decenas de venezolanos. ¿Han cambiado esas condiciones durante el gobierno de Laura Chinchilla?.
      Información disponible en:http://impactocna.com/2011/04/11/costa-rica-acuerda-extraditar-a-henry-lopez-sisco-a-pesar-de-su-condicion-de-refugiado

CIFRAS TANTO DE MUERTOS, DAÑOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, ENTRE OTROS BIENES.
  • Muertes: Cifra Oficial:La cifra real de muertos en el “Caracazo”, que oscila entre 300 y 3.000, según diversas fuentes, sigue siendo una incógnita de la historia reciente venezolana.
  • Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.
  • Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General.
  • Incendios en Caracas: 154
ENTRE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES SE ENCUENTRAN
  • Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela por Acción Democrática (febrero de 1989 - mayo de 1993), Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobernante durante los hechos.

  • Gral. de División (Ej) Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa. Citado en calidad de Imputado por el Ministerio público para el 22 de junio de 2009.

  • Gral. de División (Ej) José María Troconis Peraza Comandante del Ejército (junio de 1988 - junio de 1989)
  • 
  • Alejandro Izaguirre Angeli, Ministro de Relaciones Interiores
  • Virgilio Ávila Vivas, Gobernador del Distrito Federal (2 de febrero de 1989- enero de 1992) designado por el presidente Pérez. (Sin fotos) 
  • Gral. Manuel Antonio Gil, Comando Estratégico del Ejército. (Sin fotos)
  • Gral. Manuel Heinz Azpúrua, para el momento de los hechos, era Jefe del Comando Estratégico del Ejército, posteriormente fue Director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Imputado por el Ministerio Público el mes de junio de 2009.
  • Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, Comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional. (Sin fotos)

  • Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
  • Gral. Oscar González Beltrán, jefe de la Casa Militar. (Sin fotos).

  • Moisés Naím, Ministro Fomento, uno de los creadores del "Paquete Económico".
  • Miguel Rodríguez Fandeo, Ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia), responsable de la planificación económica. (Sin fotos).
  • Una vez que tenemos una noción bien detallada de las causas que originaron este lamentable hecho, que dejo miles de hogares enlutados, y lamentablemente nunca se has identificado totalmente a los cadáveres, me auto permito citar nuevamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y específicamente su Artículo 45, el dice textualmente:
    "Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición, forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley".

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